Habitantes del Ejido Guadalupe esperan la repuesta de la Secretaría de Reforma Agraria a la solicitud que hicieron en 1979 por la adjudicación y regularización del predio denominado Ejido de Guadalupe (ex Hacienda que fue expropiada por el gobierno federal). El comité agrario presentó varios amparos al Gobierno Federal para la dota del terreno (uno sigue en espera). Los habitantes no tienen drenaje ni agua potable, y siempre se les negó el servicio de energía eléctrica. Desde 2010 sufren la invasión de sus terrenos por el grupo de “Antorcha Campesina” que provocaron daños físicos, psicológicos y económicos en la comunidad de habitantes. La construcción de viviendas en los terrenos robados y un proyecto de construcción de una universidad privada están violando el amparo federal que dictamina que no se puede construir antes que resuelve el amparo para la dotación del terreno.
En sólo quince años, el municipio de Tecámac se transformó. Este municipio, que tenía predominio de tierras agrícolas, fue totalmente urbanizado por el avance de la industria inmobiliaria. Las empresas involucradas son las constructoras privadas SADASI, GEO y URBI, que han fomentado el crecimiento poblacional, pero también las grandes cadenas comerciales nacionales y extranjeras, que administran y construyen proyectos carreteros y negocios de basura de incineración a gran escala de gestión privada.
Esta fuerte inversión privada multisectorial provocó la urbanización masiva y caótica del municipio (urbanización salvaje) y genera múltiples impactos socio-ambientales: afectación al los usos y costumbres de los pueblos originarios (gestión comunitaria del agua, de los panteones), afectación a los negocios familiares y degradación de las condiciones de vida y del ambiente (tráfico vehicular, basureros, unidades habitacionales).
Los habitantes del municipio están luchando desde 2003 contra este proceso de urbanización salvaje, y en particular contra el proyecto de incinerador del complejo Nuevo Milenio y por la preservación de sus sistemas de gestión comunitarios (como el del agua o de los panteones) que están amenazados por el crecimiento poblacional y los intereses privados.
El pueblo Otomí de San Francisco Magú esta en lucha desde 2012 contra el proyecto del desarrollo inmobiliario denominado “Bosques del paraíso”: Este proyecto consiste en un fraccionamiento habitacional de 67 edificios de 5 niveles con 1340 departamentos sobre una superficie de 184 ha situada en el corazón del bosque de Magú.
La empresa Merket Construcciones promotora del proyecto realizo 2 talas de arboles provocando la deforestación de 10 ha del bosque antes que el proyecto fue parado por la comunidad. Como parte de la multa interpuesta ante irregularidades en el proyecto, la empresa realizo una falsa re-forestación en una pequeña área que no fue en donde se taló.
Este proyecto amenaza la capacidad de recarga del pozo del comité local de agua potable (CLAPMAC) así que las dos otras obras hidráulicas (canal y presa) que sirven a alimentar en agua la comunidad.
Conflicto por la presencia del Centro de Almacenamiento de Desechos Radioactivos (CADER) ubicado en cercanías (menos de 5km) de varias comunidades. La presencia de varias toneladas de desechos radioactivos desde los años 70' tiene un impacto muy grave sobre la salud de la población local que es afectada por casos de cáncer, malformaciones, leucemia e insuficiencias renales. El CADER de Temascalapa es también un riesgo por la posible infiltración y contaminación del acuífero Cuautitlán - Pachuca, del que se abastecen 34 municipios del Estado de México y 13 del Estado de Hidalgo, y que estarían siendo afectados por dicha contaminación. La población pide que se respete la decisión de la Cámara de Diputados, emitida en 1998, de cierre de dicho centro.
