Desde hace siete años, los habitantes de la comunidad de Xochicuautla están en lucha contra la invasión a sus tierras comunales por la construcción del proyecto de Autopista Toluca – Naucalpan, a cargo de la empresa Autovan (parte del grupo Higa). El proyecto carretero es vivido como un ecocidio por las afectaciones ambientales que causaría (tala de árboles, fragmentación del Bosque Otomí Mexica Santuario del Agua, reducción de la recarga de agua en los valles de México y Toluca).
Este proyecto tiene también un impacto social y cultural muy importante porque divide el territorio de la comunidad a la mitad, impide el acceso a los lugares sagrados de ésta y provoca el desalojo de ocho viviendas.
Se denuncia la ilegalidad de la obra porque desde el 2 de mayo de 2014, el primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito ordenó, tras un juicio federal de amparo directo, la suspensión definitiva de todos los trabajos relacionados con el Megaproyecto. Sin embargo, a pesar de este amparo ganado, los trabajadores de la empresa siguen talando árboles en la comunidad desde octubre 2014, protegidos por granaderos.
La lucha de los habitantes de la colonia Reforma Social que defienden la permanencia del Parque amenazado por un proyecto inmobiliario impulsado por la dinámica de urbanización salvaje que impera en la zona del corredor económico Palmas-Lomas de Chapultepec.
Existe una controversia legal sobre la propiedad del Parque. Los herederos del antiguo dueño reclaman la propiedad privada del terreno aun cuando éste fue adquirido por el Gobierno Federal en 1946 para formar parte de la colonia. Mediante mediciones y comparación de los peritajes topográficos se puede concluir que el polígono al que actualmente pertenece el terreno del parque difiere del polígono presentado por la parte quejosa que sirvió para la solicitud de un amparo en contra del decreto del parque como propiedad pública. El polígono considerado en el juicio de amparo ubica esta propiedad pública en una fracción excluida del terreno adquirido por el gobierno federal, argumentando así que aún pertenece a una propiedad privada.
Existe una solicitud por parte de los colonos a las instancias del Gobierno del Distrito Federal para la expropiación del parque en virtud de su reconocimiento como bien común de la ciudad.
Conjunto urbano promovido por la constructora Profusa con varios tipos de viviendas (18000 en total) que fue autorizado en un terreno no apto para la construcción de viviendas por la inestabilidad del suelo. A parte de que se usaron materiales de mala calidad para la construcción de las viviendas, la urbanización presenta una severa falta de servicios básicos en el conjunto urbano (suministro de agua, atención médica, seguridad pública). La mala calidad de los materiales y la inestabilidad del suelo provocan varios hundimientos, agrietamientos y taludes en las lomas. Algunas viviendas están en zona de alto riesgo y el conjunto de las habitaciones está muy cercano a dos tiraderos de basura y un tiradero clandestino que causan contaminación del aire y del agua. Todos esos hechos ponen en peligro la vida, la integridad personal y la salud de los habitantes.
Habitantes del Ejido Guadalupe esperan la repuesta de la Secretaría de Reforma Agraria a la solicitud que hicieron en 1979 por la adjudicación y regularización del predio denominado Ejido de Guadalupe (ex Hacienda que fue expropiada por el gobierno federal). El comité agrario presentó varios amparos al Gobierno Federal para la dota del terreno (uno sigue en espera). Los habitantes no tienen drenaje ni agua potable, y siempre se les negó el servicio de energía eléctrica. Desde 2010 sufren la invasión de sus terrenos por el grupo de “Antorcha Campesina” que provocaron daños físicos, psicológicos y económicos en la comunidad de habitantes. La construcción de viviendas en los terrenos robados y un proyecto de construcción de una universidad privada están violando el amparo federal que dictamina que no se puede construir antes que resuelve el amparo para la dotación del terreno.
